Los Laboratorios Farmacéuticos versus la Salud de la Población
“… Todo lo anterior da a entender lo que todos sabemos, pero que a veces olvidamos, que los productos farmacéuticos están sujetos a las Leyes del omnipresente mercado, que tienen el mismo tratamiento que cualquier bien de consumo como un computador o un automóvil, que nadie está pensando en sanar a las personas, sino más bien maximizar las utilidades que se obtengan de sus ventas…”
Por Juan Gómez V.
El proyecto de Ley Ricarte Soto presentado a trámite legislativo en Enero pasado por la presidenta Michelle Bachelet pretende favorecer a unas 20.000 personas que padecen enfermedades raras con altísimos costos de tratamiento. El “sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo” como se denomina el proyecto, pretende crear un fondo de asistencia a las personas que lo necesiten, que ascendería a 100.000 millones de pesos al año 2018.
El proyecto ha recibido varias críticas de los afectados en el sentido de que no cubre los gastos de diagnóstico de la enfermedad que son tan altos como el tratamiento mismo, además de no existir claridad respecto de las patologías que cubriría ni los topes considerados para cada tratamiento.
Sin embargo, quienes se han sentido muy afectados por el proyecto de Ley son los laboratorios farmacéuticos, quienes ven tambalear las utilidades generadas por estos tratamientos. A primera vista no se comprende la razón de esos temores, pero hilando más fino nos damos cuenta de sus motivos. Sucede que los tratamientos se evaluarán y se escogerán los medicamentos más eficaces y económicos para tratar esas patologías. Y ése es precisamente el problema.
Los laboratorios farmacéuticos necesitan conservar el nicho de mercado para sus productos, hasta el momento tenían una clientela cautiva pagando altísimos precios por sus productos, y por supuesto obteniendo jugosas utilidades por las transacciones. Con el proyecto de Ley Ricarte Soto el negocio se les complica. Las razones pueden ser de diverso orden:
- El diseño de un tratamiento eficaz y económico tal vez no contemple sus productos.
- Dado lo anterior, es posible que tenga que competir con otros laboratorios para conseguir que sus productos sean incluidos en el tratamiento que se diseñe para determinada patología, sacrificando utilidad en la negociación.
- El Estado puede importar directamente los productos desde el extranjero obteniendo mejores precios, ya que los fondos son públicos.
- En el mismo sentido, para abaratar costos, se pueden desarrollar o importar productos genéricos, que los dejarían definitivamente fuera del mercado.
Todo lo anterior da a entender lo que todos sabemos, pero que a veces olvidamos, que los productos farmacéuticos están sujetos a las Leyes del omnipresente mercado, que tienen el mismo tratamiento que cualquier bien de consumo como un computador o un automóvil, que nadie está pensando en sanar a las personas, sino más bien maximizar las utilidades que se obtengan de sus ventas.
Como humanistas aspiramos que la salud pública en general, y los productos farmacéuticos en particular, dejen de ser un bien de consumo, sino que sean considerados como medicinas para curar las enfermedades de la gente que las padece.
Muchos dirán que eso no es posible, que mientras no haya lucro en cualquier actividad humana, ésta no tiene lugar, o si la tiene, la hace en forma muy floja sin demostrar interés en su realización. El imperio económico que durante siglos nos ha dominado nos ha hecho creer que la naturaleza humana sólo la mueve el interés y la ambición. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos tiene que estar en manos privadas para que realmente sea exitoso.
El resultado de tal creencia ha sido nefasta. La industria farmacéutica en manos privadas no ha contribuido significativamente a la salud pública mundial, dado que sus investigaciones se centran en mercados de gran prevalencia, que pueden pagar por los fármacos que desarrollan, es decir las patologías de las personas del primer mundo, diabetes, hipertensión, hiperlipidemias, colesterol, cáncer y sida (ahora que éste se ha masificado a los cinco continentes). En cambio las enfermedades de menor prevalencia (enfermedades raras) y las del tercer mundo (malaria, ébola, dengue) quedan desatendidas por no ser mercados atractivos, ya que son muy reducidos y, muchas veces, con bajo poder adquisitivo.
Lo que resulta más cruel y desalmado es que las medicinas más importantes, aquellas de las cuales depende la vida de una persona son las que tienen más alto valor, ya que la Ley de la oferta y la demanda funciona asignando el valor máximo a aquellos fármacos indispensables para mantener con vida a una persona, es decir las enfermedades mortales como el cáncer, el sida y algunos antibióticos de última elección. La demanda es tan alta, la vida misma, que para satisfacerla los laboratorios la ponen en el mercado a miles de dólares, aunque el costo de su producción sea tan bajo como el de cualquier otro fármaco, y que los costos de investigación hayan sido recuperados hace muchos años.
Claramente no podemos hacer depender nuestra vida de la industria farmacéutica privada, ya que el apetito por el lucro desmedido puede llevarnos a la ruina en cosa de meses. Y el proyecto de Ley Ricarte Soto continuará siendo necesario para paliar este vampirismo farmacéutico.
El temor a la promulgación como Ley del citado proyecto ha llegado a tal extremo que los laboratorios farmacéuticos han intentado frenar el avance en su tramitación, intentando contratar los servicios de la abogada Andrea Martones, asesora del Ministerio de Salud y redactora del proyecto, según denunciara el subsecretario de Salud Jaime Burrows hace algunas semanas.
El proyecto de Ley Ricarte Soto fue recientemente aprobado por la Comisión de Salud del Senado, y espera ser parte de la cuenta que entregue la Presidenta Bachelet el próximo 21 de Mayo ante el Congreso Nacional.
Sin embargo, lo verdaderamente necesario es implementar un Laboratorio de investigación y producción con recursos públicos destinados precisamente a investigar y elaborar aquellos productos necesarios para aliviar las enfermedades graves. Lo mismo se podría hacer a nivel regional para todos los pacientes de la región latinoamericana. Esto significaría un tremendo avance frente la expoliación farmacéutica por parte de los laboratorios transnacionales imperialistas, sin tener que subsidiar con elevadas sumas del erario nacional a todas las personas que requieren estos medicamentos para sobrevivir.
Juan Gómez V.
Químico-Farmacéutico
Centro de de Estudios Humanistas